Movilizacion contra la crisis en Gijón

Stop Privatización del Agua en Avilés

NO A BOLONIA

Las Universidades Públicas del conjunto del España y el resto de Europa, se encuentran inmersas en un proceso de cambio en la configuración de sus estudios en el marco de la construcción del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Dicho proceso ha provocado diversas esperanzas, inquietudes y rechazos frontales en sectores diversos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

Nada resulta objetable en la mera idea de un espacio europeo de educación superior que conciba la educación como servicio público, abierta por tanto a toda la ciudadanía y que tenga por objetivo la formación permanente tanto para el desarrollo personal como para el de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, la plasmación práctica del conjunto de medidas en las que se concreta el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), demuestra que el principal vector de su impulso no es otro que el espíritu neoconservador que impregna las políticas económicas neoliberales.

Esta realidad convierte lo que podría ser un deseable objetivo en un simple ejercicio de mera adaptación de la Universidad Pública a los intereses del mercado, poniendo en peligro la esencia misma de esta institución, concebida como servicio público, no mercantilizado, de formación académica rigurosa y digna capacitación profesional de la ciudadanía.

Las supuestas ventajas que la reforma pretende perseguir, (homologación de titulaciones, mayor movilidad de estudiantes, personas investigadoras y profesoras y profesores a nivel interestatal, son las más publicitadas) no justifican la puesta en marcha de cualquier tipo de políticas.
La desproporcionada subida de tasas, la introducción de un engañoso nuevo modelo de becas (las llamadas becas/préstamo que no son sino simples créditos bancarios), la precarización de la formación (en los nuevos grados generalistas), la elitización del acceso a los posgrados, la imposición de una misma metodología docente a todas las disciplinas, la subordinación de la Secretaría de Estado de Universidades a políticas económicas de I+D+i en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, el avance hacia un cambio no democrático de la gobernabilidad de las universidades, etc… no pueden aplicarse, explicarse ni justificarse apelando simplemente al supuesto bien final que el Gobierno dice perseguir.

La mayor reforma de la historia que la Universidad europea afronta desde que ésta abriera sus puertas a la sociedad de “masas”, no puede despacharse sin un necesario debate social previo en el que participe el conjunto de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.



Paradójicamente, la puesta en marcha de las medidas concretas adoptadas en el marco de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) contradicen claramente declaraciones de intenciones como la establecida en la Conferencia de Ministros y Ministras responsables de Educación Superior de Londres de 2007. “La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socioeconómica. Por tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez dentro de la ecuación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la igualdad de oportunidades”.

Además, el contexto de crisis económica generalizada en el que nos encontramos, agudiza profundamente los graves problemas inherentes al desarrollo del llamado Plan Bolonia. La cerrazón del Gobierno del PSOE, persistiendo en el empeño de desarrollar y extender el Espacio Europeo de Educación Superior en un entorno de absoluta precariedad financiera y de ausencia de consenso social, llevará a la Universidad Pública española a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles.

Por todos estos motivos exigimos:

1. La paralización inmediata de la aplicación de las reformas amparadas en la construcción del EEES, el llamado “Plan Bolonia”.
2. La apertura de un debate amplio en todos los niveles educativos y sociales que consensúe las reformas a adoptar.
3. Aplicar en el conjunto del Estado un plan de financiación público que nos acerque en términos reales al objetivo de gasto del 2% del PIB.
El PCA de Avilés hace un llamamiento a toda la sociedad para que participe en todos los actos encaminados a la Defensa de la Universidad Pública y a la paralización de Bolonia.

Manifestación por la defensa de los puestos de trabajo

El capitalismo pasa por una fuerte crisis que deja ver su verdadero carácter injusto e insolidario.

La carestía de la vida hace que muchas familias tengan graves problemas para poder llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas.

Las cifras del paro son elocuentes:

En España, 3.481.859 personas, la cifra más alta desde el año 1996.

En Asturias, durante el mes de febrero, se registraron en las oficinas de empleo 3.192 nuevos parados y eleva la cifra total de desempleados a 73.558.

Las oficinas de empleo de Avilés cerraron el mes de febrero con 6.266 parados, tantos como había en toda la comarca hace año y medio, cuando la crisis aún no había empezado a hacer mella en la economía. Y no sólo eso, las estadísticas reflejan que el paro en Avilés, como ocurre en toda Asturias, es el más alto en once años. Pero no sólo en el concejo avilesino reaparece el fantasma de tiempos pasados. En el resto de municipios de la comarca también se batieron en febrero récords de desempleo. Castrillón suma ya 1.522 parados; Corvera, 1.275; Gozón, 544; Soto del Barco, 273, e Illas, 62. En total, 9.942 personas engrosan las listas de desempleo en la comarca.

Y mientras el Gobierno da miles de millones de euros, procedentes del dinero público, a banqueros, grandes empresarios y especuladores.

El cambio de modelo económico es posible y se basa en la planificación democrática de la economía:

Nacionalización de la banca y de los sectores prioritarios y básicos. Es necesario dar un papel principal al ICO en cuanto a la financiación de la economía productiva. Creación de una banca pública, que canalice las ayudas del Estado al sector financiero, y que permita la subrogación al mismo de las hipotecas de las familias, sin coste adicional.

Impulso desde el Estado de la creación de empleo estable con el aumento de la oferta pública de empleo de todas las administraciones públicas.

Rescatar las privatizaciones de servicios públicos realizados en los últimos años por todas las administraciones públicas y oposición contundente a cualquier otro tipo de privatización.

35 horas semanales.

Reforma fiscal, subida de los impuestos directos, que paguen más los que más tienen. Impuesto de beneficios.

Defensa de los derechos históricos conquistados: seguro desempleo, pensiones, salarios que no pierdan poder adquisitivo, asistencia sanitaria pública, educación pública, gratuita y laica, vivienda digna y asequible.

Salario mínimo de 1000 euros.

El Partido Comunista de Avilés está en la propuesta y estará en la protesta, defendiendo los intereses de los trabajadores. Ejemplo claro fue la manifestación de pasado 7 de marzo, todo un éxito, y un aviso importante para aquellos que siguen justificando las políticas anticrisis de gobiernos que solamente defienden los intereses del capital.
Hay salida si somos capaces de organizarnos y movilizarnos, no esperemos que nadie nos venga a salvar. Más que nunca está justificada una Huelga General.


Comité Local del Partido Comunista de Avilés.

8 de Marzo día Internacional de la Mujer Trabajadora

Este 8 de marzo del año 2009 no tenemos nada que celebrar, porque a pesar de que España está situada en el noveno lugar en el índice de la Economía Internacional, tenemos nueve millones de pobres, y la mayoría son mujeres. La pobreza es la consecuencia de la destrucción de empleo y su precarización, junto a la contención salarial; mientras los precios de los bienes de consumo básicos no paran de subir. La disminución del gasto público en políticas sociales, afecta a trabajadores y trabajadoras y sobre todo a la inmigración femenina situada mayoritariamente en el trabajo doméstico, en la prostitución, y en la hostelería, en condiciones de explotación con escasos o nulos derechos.

La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en este país es vergonzante: seguimos con la feminización laboral en los sectores y empleos más precarios, donde se sigue manteniendo la segregación horizontal debido a que un alto porcentaje de las mujeres trabajadoras se concentran en el sector servicios, y continuamos con la segregación vertical en la participación de las mujeres en el ámbito laboral, ya que según se asciende, la proporción de mujeres disminuye. El nivel educativo no tiene una repercusión directa en el mercado: ni en cuanto a la participación ni, por supuesto, en la presencia proporcional según la Ley de Igualdad en cargos directivos. También por las condiciones de trabajo: salarios mas bajos, con horarios irregulares y despidos mas fáciles; a lo que hay que añadir los contratos a tiempo parcial, y la falta de corresponsabilidad en las tareas familiares.

¿Hacia dónde vamos con este sistema generador de desigualdad, que subordina a los intereses económicos de unos pocos, mientras los pueblos se hunden en la pobreza y la miseria?

Las mujeres seguiremos luchando por conseguir:

Legislaciones y mecanismos de control que garanticen la igualdad. Hacia la jornada de 35 horas por ley, y la jubilación a los 60 años.

Aprobación inmediata de una Ley de Plazos, garantizada de manera universal y gratuita desde la red sanitaria pública.

La Coeducación como garante de la igualdad; una red educativa pública, de calidad y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa.

Laicidad frente a las presiones de los integrismos religiosos, también el católico.

Igualdad política e integral de las mujeres. Reclamamos la paridad real, entendida como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, No como se interpreta en la actual Ley de Igualdad.

Modificación de la Ley de Extranjería. Igualdad de derechos para quienes viven y trabajan en nuestro país.

Recuperación de la gestión pública de todos los servicios privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Reclamamos una Ley de Dependencia pública, que garantice en la práctica los recursos suficientes para todas las personas que lo necesiten.

Hay que transformar el concepto de que el bienestar social se alcanza por el consumo indefinido y el creciente aumento de los bienes y servicios que el mercado nos vende. Las necesidades prioritarias de las personas son: la paz mundial, la democracia, la igualdad real, el trabajo, los alimentos, la vivienda, la educación, la cultura y la sanidad.

María Jesús Suárez Rabanillo PCA - Avilés