Este 8 de marzo del año 2009 no tenemos nada que celebrar, porque a pesar de que España está situada en el noveno lugar en el índice de la Economía Internacional, tenemos nueve millones de pobres, y la mayoría son mujeres. La pobreza es la consecuencia de la destrucción de empleo y su precarización, junto a la contención salarial; mientras los precios de los bienes de consumo básicos no paran de subir. La disminución del gasto público en políticas sociales, afecta a trabajadores y trabajadoras y sobre todo a la inmigración femenina situada mayoritariamente en el trabajo doméstico, en la prostitución, y en la hostelería, en condiciones de explotación con escasos o nulos derechos.
La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en este país es vergonzante: seguimos con la feminización laboral en los sectores y empleos más precarios, donde se sigue manteniendo la segregación horizontal debido a que un alto porcentaje de las mujeres trabajadoras se concentran en el sector servicios, y continuamos con la segregación vertical en la participación de las mujeres en el ámbito laboral, ya que según se asciende, la proporción de mujeres disminuye. El nivel educativo no tiene una repercusión directa en el mercado: ni en cuanto a la participación ni, por supuesto, en la presencia proporcional según la Ley de Igualdad en cargos directivos. También por las condiciones de trabajo: salarios mas bajos, con horarios irregulares y despidos mas fáciles; a lo que hay que añadir los contratos a tiempo parcial, y la falta de corresponsabilidad en las tareas familiares.
¿Hacia dónde vamos con este sistema generador de desigualdad, que subordina a los intereses económicos de unos pocos, mientras los pueblos se hunden en la pobreza y la miseria?
Las mujeres seguiremos luchando por conseguir:
Legislaciones y mecanismos de control que garanticen la igualdad. Hacia la jornada de 35 horas por ley, y la jubilación a los 60 años.
Aprobación inmediata de una Ley de Plazos, garantizada de manera universal y gratuita desde la red sanitaria pública.
La Coeducación como garante de la igualdad; una red educativa pública, de calidad y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa.
Laicidad frente a las presiones de los integrismos religiosos, también el católico.
Igualdad política e integral de las mujeres. Reclamamos la paridad real, entendida como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, No como se interpreta en la actual Ley de Igualdad.
Modificación de la Ley de Extranjería. Igualdad de derechos para quienes viven y trabajan en nuestro país.
Recuperación de la gestión pública de todos los servicios privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Reclamamos una Ley de Dependencia pública, que garantice en la práctica los recursos suficientes para todas las personas que lo necesiten.
Hay que transformar el concepto de que el bienestar social se alcanza por el consumo indefinido y el creciente aumento de los bienes y servicios que el mercado nos vende. Las necesidades prioritarias de las personas son: la paz mundial, la democracia, la igualdad real, el trabajo, los alimentos, la vivienda, la educación, la cultura y la sanidad.
La situación de desigualdad y discriminación laboral de las mujeres en este país es vergonzante: seguimos con la feminización laboral en los sectores y empleos más precarios, donde se sigue manteniendo la segregación horizontal debido a que un alto porcentaje de las mujeres trabajadoras se concentran en el sector servicios, y continuamos con la segregación vertical en la participación de las mujeres en el ámbito laboral, ya que según se asciende, la proporción de mujeres disminuye. El nivel educativo no tiene una repercusión directa en el mercado: ni en cuanto a la participación ni, por supuesto, en la presencia proporcional según la Ley de Igualdad en cargos directivos. También por las condiciones de trabajo: salarios mas bajos, con horarios irregulares y despidos mas fáciles; a lo que hay que añadir los contratos a tiempo parcial, y la falta de corresponsabilidad en las tareas familiares.
¿Hacia dónde vamos con este sistema generador de desigualdad, que subordina a los intereses económicos de unos pocos, mientras los pueblos se hunden en la pobreza y la miseria?
Las mujeres seguiremos luchando por conseguir:
Legislaciones y mecanismos de control que garanticen la igualdad. Hacia la jornada de 35 horas por ley, y la jubilación a los 60 años.
Aprobación inmediata de una Ley de Plazos, garantizada de manera universal y gratuita desde la red sanitaria pública.
La Coeducación como garante de la igualdad; una red educativa pública, de calidad y con participación en su gestión de toda la comunidad educativa.
Laicidad frente a las presiones de los integrismos religiosos, también el católico.
Igualdad política e integral de las mujeres. Reclamamos la paridad real, entendida como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales, No como se interpreta en la actual Ley de Igualdad.
Modificación de la Ley de Extranjería. Igualdad de derechos para quienes viven y trabajan en nuestro país.
Recuperación de la gestión pública de todos los servicios privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Reclamamos una Ley de Dependencia pública, que garantice en la práctica los recursos suficientes para todas las personas que lo necesiten.
Hay que transformar el concepto de que el bienestar social se alcanza por el consumo indefinido y el creciente aumento de los bienes y servicios que el mercado nos vende. Las necesidades prioritarias de las personas son: la paz mundial, la democracia, la igualdad real, el trabajo, los alimentos, la vivienda, la educación, la cultura y la sanidad.
María Jesús Suárez Rabanillo PCA - Avilés
